CRECE SOSPECHA DE «LAVADO DE DINERO» EN LA RUTA-EMPRESA.

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Crece la inconformidad entre el sector transportista que actualmente se encuentra dividido entre concesionarios y subrogatarios del transporte público en Jalisco, en torno al procedimiento al que han sido forzados por la dependencia estatal a fin de ser considerados como prestadores de ese servicio.

Luego de que este miércoles 11 de diciembre se diera a conocer la noticia de que el actual titular del área de la Dirección General de Transporte en el Estado, Amilcar Arnoldo López Zepeda; recibiera la sentencia en el vecino estado de Guanajuato, por diversos delitos, entre los que se le atribuyen Peculado y malos manejos del erario municipal de la ciudad de León, durante la administración 2012 al 2015, cuando se desempeñó al frente de la dirección de la Secretaría de Movilidad.

Y aunque se le encontró responsable de la comisión de los delitos imputados, en contra de la Administración Pública y de la Hacienda Pública de este municipio guanajuatense, la responsabilidad penal debido al monto que fue considerado como menor, menos de medio millón de pesos, se le condenó a un año y medio de prisión, el pago de una multa menor a mil pesos; sin embargo y de acuerdo al expediente 117/2018, se le concedió conmutar la pena, por trabajo a favor de la comunidad (ya cumplido).

De igual manera, se establece la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante el tiempo que marca la privación de la libertad. Con estos antecedentes, López Zepeda ha operado el proyecto del Gobernador Jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, Mi Transporte.

La preocupación de los propietarios de las unidades, que en su mayoría han sido afectados por la implementación de este impositivo modelo, mal llamado «Ruta-Empresa» tiene mucho trasfondo, incluso se estuviera gestando el modelo ideal para el «Lavado de Dinero» ya que en la actualidad, a un año de la actual administración Alfarista, las irregularidades, favoritismos y manejos realizados por esta autoridad para «revivir» algunas rutas, ha sorprendido a quienes dependen de un patrimonio familiar.

Líneas de «empresarios» nunca antes conocidos en este sector, aparecieron de la noche a la mañana, invadieron derroteros, desplazaron rutas y lo peor fue la tolerancia e impunidad demostrada por la autoridad competente.

Las políticas de prepago implementada intermitentemente, ha sido el causante de la quiebra sistemática de muchos consecionarios, ya que desde que inició este sistema de prepago, a cientos de propietarios de unidades, no se les ha otorgado pago alguno, dejándoles una deuda por haber adquirido obligadamente unidades con la empresa DINA, la cual ya ha embargado dichos vehículos en varias rutas.

Según los afectados, todo parece indicar que la modificación del modelo «Hombre-Camión», al convertirse en «Ruta-Empresa» facilitará la transacción masiva de unidades, con una sola personalidad jurídica, lo cual en este momento debería realizarse entre particulares, uno por uno.

Es un secreto a voces, que en muchas rutas de camiones urbanos que a diario circulan por el área metropolitana de Guadalajara, siendo los mismos derroteros, no son beneficiadas todas las unidades, mientras unos se ven obligados a deshacerse de las unidades, otros pareciera no afectarles las condiciones adversas.

Los operativos realizados por la autoridad han sido premeditados, asegura un grupo de concesionarios, quienes se dicen estar temerosos por la incertidumbre que envuelve las «políticas turbias» del reordenamiento con el modelo, Mi Transporte; que a un año de haberse implementado ya ha llevado a la quiebra a muchos de los ingenuos transportistas que creyeron que ese modelo iba a ser su mejor negocio, y que hasta el momento nada más ha beneficiado a la parte gubernamental con el pre-pago.

Es en este renglón donde los grupos minoritarios, que son en su gran mayoría quienes quedan en desventaja por las políticas oficialistas, quienes piden la intervención inmediata de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación para que el titular del ejecutivo estatal y las instancias involucradas en este proyecto denominado «Mi Transporte» dé certeza de los recursos que han sido captados por el gobierno estatal a través del pre-pago y que hasta el momento, se ha dicho que no hay un solo peso para pagarles a los prestadores del servicio.

Y es que, con esta reestructuración implementada y justificada por la autoridad para obtener una mejor movilidad en el transporte público de pasajeros, los beneficios no han sido los planteados originalmente, hay pérdidas económicas y con el anuncio de la implementación en breve del sistema Mi-Periférico, las condiciones establecidas y previstas por la autoridad, llevarán al endeudamiento de los transportistas, favoreciéndose solamente a grupos poderosos que se han aliado al gobierno alfarista y que ya se encuentran incrustados en las rutas del transporte público de Jalisco.

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