FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA PARA FRENAR CORRUPCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Y URBANÍSTICA.

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El desastre ambiental y el crecimiento y desarrollo de las ciudades van ligados con la corrupción. Por ejemplo, funcionarios públicos que otorgan, de forma irregular, permisos, licencias y dictámenes para la construcción de fraccionamientos o torres de departamentos, o cambios de uso de suelo. Los sistemas anticorrupción (nacional y estatal) cuentan con atribuciones jurídicas para detectar, prevenir, evitar, combatir, disuadir y sancionar estos hechos.

Por ello, académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) analizarán este tema en el panel “Los efectos del Sistema Anticorrupción en el derecho ambiental y urbanístico”, que tendrá lugar el próximo 24 de abril en el auditorio Carlos Ramírez Ladewig, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), campus La Normal.

“Todos tenemos conocimiento de sucesos en los que se presume la existencia de conductas indebidas, irregulares o posibles actos de corrupción relacionados con el otorgamiento de premisos, licencias o dictámenes irregulares para fraccionamientos, o uso de suelos incompatibles o anuncios espectaculares; también de la emisión de contaminantes o descarga de sustancias tóxicas en aguas superficiales y vasos lacustres; además de autorizaciones para poda indebida de árboles y afectaciones a bosques”, afirmó el Presidente de la Academia de Derecho Ambiental del CUCSH, maestro Luis Antonio Rocha Santos.

Entre los objetivos del panel están el dar a conocer estas nuevas reformas jurídicas a la comunidad y fomentar la cultura de la denuncia, además de conversar con los encargados de los organismos que concurren en este nuevo sistema.

El Director de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, doctor José de Jesús Becerra Ramírez, detalló que fueron invitados a este panel los titulares del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, y del Tribunal de Justicia Administrativa.

Explicó que ahora, gracias a que concurren varios actores en este sistema, se evitará que una sola persona tome decisiones dañinas no sólo en materia ambiental, sino en todos los ámbitos. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, algunos de los cuales han recibido críticas por sus decisiones en materia ambiental, ya son vigilados por una sala superior y éstos, a su vez, por las contralorías internas, la Auditoría Superior del Estado y la sociedad, a través del Comité de Participación Social.

Aclaró que en casos paradigmáticos como las Villas Panamericanas, donde el daño ecológico persiste, podrían ser susceptibles de investigación, dependiendo de cada circunstancia.

“Hay casos en los que sin importar si su origen fue hace 20 o 30 años, pero el daño sigue, no prescriben. La sociedad debe sensibilizarse de que tenemos que aprovechar este nuevo sistema normativo”, concluyó Becerra Ramírez.

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