PILLAJE, DESPOJO Y TRÁFICO DE INFLUENCIA EN TORNO A COMUNIDADES INDÍGENAS.

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La comisión de delitos en territorio jalisciense va más allá de los que reconoce oficialmente la autoridad correspondiente; es decir, a la larga lista de abusos, situaciones cotidianas ordinarias, (robos, asesinatos, levantados, privaciones de la libertad, fraudes), y otros que se han popularizado entre las notas informativas constantemente, se suma el despojo patrimonial, el pillajes y el trafico de influencia.

El circulo donde más se práctica es en las comunidades indígenas dentro de todo el territorio nacional, en algunos de estos lugares se ha fortalecido la defensa organizada de los asentamientos originales, cuyo «título» o cédula de propiedad, aún es conservada por alguien de los descendientes directos de aquellos que la recibieron en época de la colonia.

Santa Ana Tepetitlán, San Juan de Ocotán, Jocotán, en Zapopan; la comunidad indígena de El Rosario, en Tonalá, Tateposco en Tlaquepaque y San Sebastián el Grande en Tlajomulco de Zúñiga, son solamente algunos de los que, por su cercanía con el área metropolitana de Guadalajara, revelan las vejaciones de que han sido víctima, a manos de vivales, corruptos funcionarios y pseudo empresarios inmobiliarios amafiados.

El más reciente de los casos nos lleva a la comunidad indígena de San Sebastián el Grande, delegación de Tlajomulco de Zúñiga, un asentamiento prehispánico del que aún se conserva la cédula que otorga el derecho a los descendientes de aquellos originarios, un territorio que actualmente abarca más de 90 hectáreas, pero que originalmente eran más de 150 Has, y que sin embargo ha sido motivo de la ambición desmedida de vivales en contubernio con personal gubernamental, delincuencialmente amafiados para despojar de este patrimonio a las personas que han mantenido sus principios ancestrales con la «madre tierra», transmitiéndola a las nuevas generaciones, quienes, continúan alejados de la perversidad y la ambición de agrupaciones amafiadas; que aprovechándose de las limitaciones, precariedad, candidez y buena voluntad, son vejados por los abusos autoritarios de pésimos servidores gubernamentales y la corrupción.

Integrantes de la comunidad indígena de San Sebastián el Grande en asamblea.

Tal es el caso de Don Aurelio Gómez Calderón, un humilde campesino que ha sido amenazado, intimidado, lesionado y privado de su libertad de manera ilegal por defender el territorio que fue de sus antepasados y que ahora, a sus 76 años de edad, muchos «delincuentes» disfrazados de funcionarios, abogados o influyentes empresarios, se han empecinado en apropiarse de lo que no es de ellos.

Situación que se ha agudizado, al grado de iniciar una defensa legal con el que se garantiza el derecho de al menos mil 500 familias, a quienes de manera legal, les fue cedido parte de este territorio bajo el principio de gratuidad, convirtiéndose en el primer proyecto en su tipo de Vivienda Comunitaria Ecológica y Sustentable de Latinoamérica, denominado «Campo Bravo-Terranova 2000», el cual da como origen al Colectivo Pro-Defensa de los Derechos a una Vivienda Digna y Decorosa como Derecho Humano Fundamental.

Un proyecto sin precedentes en México ni en el continente, con el cual, miles de personas en situación de vulnerabilidad habitacional, podrán contar con la seguridad de un techo donde vivir, con el compromiso de cuidar el entorno que van a colonizar, cuidando respetuosamente al medio ambiente. Y con ello, defender también de la agresiva depredación a especies de flora y fauna que aún habitan en el área comprendida entre este polígono, los cerros Ladino, Gacho y el Potrero el Camichín.

Es de resaltar que debido a este concepto social; se ha desatado una ola de agresiones, desalojos, amenazas y una creciente atmósfera de inseguridad donde gente armada, a todas horas, se hace presente en la comunidad, haciéndose pasar por representantes de la autoridad, diciéndose ser abogados e ir de parte de algunos caciques de Tlajomulco.

Entre los nombres que se han revelado por parte de esta gente armada, están: Martha Elpidia Calderón Haro, Luis Fernando, Martha Mónica y Claudia Montserrat (todos) de apellidos Gutiérrez Calderón. quienes se dicen dueños y gozar de importantes influencias en el gobierno.

Por lo que ya se ha iniciado un expediente, dando a conocer la situación a los diferentes órdenes y niveles de gobierno en el país y el estado de Jalisco, mismo que cuenta con los documentos, denuncias, averiguaciones previas y los acuses de recibo en instancias como la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, Secretaría de Bienestar, Desarrollo Urbano y Territorial del Gobierno Federal; la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Jalisco, el Titular del Ejecutivo Estatal en Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al consejo de la Judicatura; a la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, entre otras dependencias.

Cabe señalar que el benefactor y creador de este concepto, Don Aurelio Gómez Calderón, es un adulto mayor, campesino, ANALFABETA según se ha constar por la propia autoridad; pero poseedor de una filosofía sencilla que deja en claro al emitir este mensaje, «Los Derechos se toman no se piden, se exigen no se mendigan, se ejercen no se negocian, pues un derecho no es lo que alguien te debe de dar, un derecho es lo que nada ni nadie te debe de quitar».

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