SIN CERTEZA JURÍDICA EMPLEADOS DEL SEGURO POPULAR, QUEDAN EN EL LIMBO POR CAPRICHOS GUBERNAMENTALES.

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Al menos 300 familias jaliscienses se ven directamente afectadas por la medida gubernamental federal que desaparece el Seguro Popular en el país y en Jalisco violenta los derechos humanos.

Los empleados de este programa, algunos con base y otros que se desempeñaban bajo contratos, salieron este miércoles 04 de marzo a las calles céntricas de Guadalajara, para dar a conocer las irregularidades que se suscitaron a raíz de que, de manera informal, a través de Whatsapp, Facebook y otros medios digitales, les hicieron del conocimiento el cese de funciones, sin que ninguna autoridad de la Secretaría de Salud Jalisco se hiciera responsable de dicha información carente de firmas.

A decir de la Lic. Fabiola López, una de las afectadas y quien se desempeñaba en el área administrativa; los argumentos otorgados por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) son absurdos y buscan deslindarse de su responsabilidad patronal, «Habemos trabajadores afectados, con más de 15 años laborados ininterrumpidamente, dicen que no nos quieren liquidar debido a que era presupuesto del Seguro Popular, pero los recibos de nómina decían Secretaría de Salud, independientemente de la fuente de financiamiento, siempre hemos estado trabajando ininterrumpidamente, jamás nos dieron de baja. Nos estuvieron descontando siempre para la aseguranza con el ISSSTE, y según la ley después de un despido, el servicio de atención médica se otorga por un plazo de tres meses, sin embargo hoy No lo tenemos».

Coincidieron los manifestantes en señalar, que desde la manera en como fueron notificados, se dejó ver la premeditación de la autoridad estatal, «En el comunicado que enviaron dice que, las personas de contrato, quedamos sin trabajo, pero los de base, no debieran perder ese derecho; pero no hay que olvidar que como ciudadanos todos tenemos derechos».

Fabiola López, argumentó que, pese a que muchos de los afectados se desempeñaron por años bajo contratos, estos se continuaron sin interrupción, propiciando una constancia que, aun sin respetar lo que establece la propia Ley, que dice que a trabajo igual, salario igual; las percepciones del personal de contrato distaban de las obtenidas por sus propios compañeros de base.

«En ningún momento se nos dio de baja y nos quieren dar de baja con dos meses, dicen que nos están haciendo el favor de recontratarnos a partir de enero, porque se extinguió el Seguro Popular; estamos tratando de llegar a algún acuerdo y que nos respeten los años de antigüedad, que nos den las bases, porque sabemos que hay bases laborales que ellos no nos quieren dar», dijo la Lic. López.

La incertidumbre y el estado de indefensión propiciado por el ejecutivo estatal, mantuvo a los empleados expectantes ante las condiciones que privarían hacia el interior de la SSJ, «Estábamos esperando las reglas de operación, y dicen que hasta el momento no existen estas reglas de operación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar INSABI y que el próximo día lunes ya no nos presentemos, que nuestro contrato feneció el pasado 29 de febrero» explicó Fabiola López.

Bajo el grito de «Queremos nuestro trabajo y el pueblo la Salud», medio centenar de los afectados se apostaron frente a la puerta principal del Palacio de Gobierno, en espera de ser atendidos por Enrique Alfaro Ramírez. La petición es clara «Queremos nuestro trabajo, queremos nuestra continuidad laboral, y de no ser así, queremos que se nos liquide conforme a Ley y no como nos lo están manejando, solamente dos meses por liquidación».

Según las prestaciones establecidas en dichos contratos, los empleados del Seguro Popular deberían obtener por año,  20 días de salario, tres meses por indemnización. Otra de las argucias que el ejecutivo hizo a manera de mantener controlado al personal del Seguro Popular, fue la reubicación dentro de otras áreas de la SSJ, así lo explica la Lic. López, «En enero pasado, que ya no existía el Seguro Popular nos reacomodaron en las regiones sanitarias del estado, en donde observamos que existían vacantes y había lugar; quien va hacer esos trabajos ahora, si estábamos allí era porque se requerían, pro ahora dicen que no existe recurso, cómo van a hacer frente a la necesidad de las personas para brindar esa atención, si así, no nos dábamos abasto»

Este conflicto laboral entre el personal afectado y la SSJ deja al descubierto otras prácticas violatorias del derecho de los trabajadores, según señalan; «Los trabajadores de contrato teníamos dos periodos de vacaciones al año, cada uno de cinco días, cuando los de base reciben dos periodos vacacionales de 10 días cada uno; a los de contrato nos pagaban 15 días de aguinaldo, mientras que a los de base se les otorgan 40 días de aguinaldo, lo cual no se vale, ya que todos tenemos los mismos derechos».

Adelantaron los manifestantes que de no ser escuchados por el ejecutivo estatal, iniciarán la defensa jurídica y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para asentar en actas las irregularidades derivadas de las políticas utilizadas en repercusión de cientos de trabajadores que por decisiones tomadas «al vapor» entre gobernantes, vulneran la estabilidad profesional, laboral, familiar y económica de cientos de familias.

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