SIN SER EL FISCAL AÚN, EL ESTADO DESPLEGÓ EXCESIVA SEGURIDAD PARA GERARDO OCTAVIO SOLÍS GÓMEZ.

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Al presentarse ante los diputados de la LXII legislatura local, Gerardo Octavio Solís Gómez; quien se perfila como el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco; lo hizo en medio de un numeroso contingente de elementos de seguridad estatal.

Desde temprana hora de este lunes 3 de diciembre, el aún aspirante, arribó a la sede del palacio legislativo de Hidalgo 222, custodiado por media docena de patrullas (camionetas oficiales Pick Ups) de la policía del Estado.

A pesar de lo polémico que resulta a la opinión pública el nombramiento del nuevo Fiscal General Estatal; a Gerardo Octavio Solís Gómez, parece no parece importarle, ya que ente los Coordinadores del poder legislativo en Jalisco ya hay consenso.

Y al menos medio centenar de uniformados (unos) y otros vestidos de civil, armados apostados en el interior del Congreso Local, a donde Solís Gómez tenía programadas una serie de entrevistas con las diferentes fracciones legislativas (a puerta cerrada).

Condición que despertó la crítica de propios y extraños, quienes comentaban en sus charlas, «todavía no es oficial su nombramiento y ya demuestra lo represivo que será».

Incluso para algunos grupos políticos representados en el Congreso, la incertidumbre acerca de la confiabilidad del aspirante a la fiscalía, continúa latente, pese a ello, deberán otorgar el beneficio de la duda y dar su aprobación en votación.

Quien hasta el día de hoy está propuesto para que desempeñe la responsabilidad de Fiscal General del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, debe establecer compromisos con los legisladores pero sobre todo con los jaliscienses.

«Este es uno de los principales motivos para invitarlo a dialogar al Palacio Legislativo antes de ratificar su nombramiento».

Así lo manifestó el Diputado Enrique Velázquez  González, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso del Estado, luego de que este órgano legislativo acordara citar al candidato a la Fiscalía General, para sostener reuniones con los grupos parlamentarios de la LXII Legislatura.

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