TRIBUNAL DEJA FUERA DE «SELLO ROJO» A MASAYI Y ABRAHAM GONZÁLEZ UYEDA, POR «MALA LECHE».

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Este día se dio a conocer un vuelco en el caso que mantuvo en conflicto a la empresa Sello Rojo en que los socios mayoritarios fueron despojados de sus derechos por una acción a todas luces ilegal del Juez Séptimo de lo Mercantil, Juan Pablo González Magaña, dictada el día 26 de junio de 2019.

Queda sin efectos las “medidas cautelares” totalmente ilegales que habían despojado a los socios mayoritarios y les restituye sus derechos originales.

A partir de esa fecha se le fueron arrebatados sus derechos como accionistas a los socios  mayoritarios y se entregó el control absoluto de la empresa a Masayi González Uyeda y a su hermano Abraham, quienes posteriormente realizaron de manera ilegal al menos 3 asambleas en donde cambiaron los estatutos, realizando despidos masivos.

La defensa de los socios mayoritarios interpuso un amparo para combatir las acciones ilegales del juez 7 de lo mercantil y luego de analizar el caso el Primer Tribunal Colegiado de lo Civil del Tercer Circuito (federal) concedió en votación unánime, la suspensión definitiva, dejando sin efecto las medidas cautelares dictadas por el Juez Juan Pablo González Magaña, regresando así el control de la empresa al Consejo de Administración de Sello Rojo a partir de este día.

“se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que el juez responsable ordene dejar insubsistente los efectos de las medidas cautelares decretadas en el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 2033/2019”, Se lee en la resolución del Primer Tribunal Colegiado de lo Civil.

Después de una batalla de 5 meses la legalidad se impone en Sello Rojo.

Además, se ordena hacer de conocimiento dicha resolución a instituciones bancarias para que se exenten de aceptar documentos bancarios provenientes de Sello Rojo bajo las firmas de Abraham Kunio González Uyeda y Rubén Masayi González Uyeda, quienes han dejado de tener el control de la empresa, “ordenando girar oficios correspondientes a la totalidad de las autoridades e instituciones bancarias que en su momento notificó, para hacerles de su conocimiento lo decidido en torno a ellas”.

La resolución Primer Tribunal Colegiado de lo Civil está firmada por la magistrada Martha Leticia Muro Arellano en funciones de presidenta y ponente, magistrado Rodolfo Castro León y el magistrado José Ángel Hernández Huízar.

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