UN FARISEO AUSENTE

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Por: Dr. Luis Octavio Cotero Bernal
Director del Observatorio Académico de Justicia y
Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos
de la Universidad de Guadalajara.

El gobierno del estado haciendo uso de su autoridad, de la cual le dota la ley, ha determinado cargarle a la sociedad jalisciense un tributo más, so pretexto de protección al medio ambiente. Dicho impuesto permitirá al estado, un ingreso de varios millones de pesos, con medidas innegablemente inconstitucionales, refiriéndome de manera muy concreta al permiso para circular, el cual deberán tramitar todos los ciudadanos que circulen en automotores con placas de circulación de diversos estados de la república, interesados o necesitados de transitar por el interior del estado de Jalisco.
El gobernador del estado, previo a autorizar, se obligue al particular a realizar la verificación de su vehículo, debió darse a la tarea de resolver diversas problemáticas no menos importantes, las cuales año tras año, aquejan a la sociedad jalisciense y suelen ser una constante en el temporal de lluvias: pasos a desnivel inundados y con luminarias apagadas, semáforos descompuestos, calles y avenidas tapizadas con baches, así como las inundaciones que se presentan año tras año en zonas bien identificadas, problemáticas que paralizan el tráfico y por ende, el resto de las actividades parte de nuestra rutina.
Bajo la expresión de, garantizar el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y respirar aire limpio, pero sin especificar claramente, cómo se obtendrá dicho beneficio ambiental, respecto a la verificación vehicular obligatoria, el gobierno justifica la imposición de esta carga tributaria. Recordar que, ese mismo impuesto en la ciudad de México y su zona metropolitana, no obstante que aquella entidad, cuenta con un parque vehicular cinco veces más que el registrado en Jalisco, posterior a su implementación, las autoridades optaron por dejar de aplicar dicha medida, atendiendo al escaso beneficio que se obtuvo en el contexto ambiental, pero que sí representó una carga tributaria más, agravando aún más, la ya compleja situación económica de aquella sociedad.
El actual gobierno jalisciense no se ha caracterizado por propiciar un medio ambiente sano, pues ha sido omiso en tomar decisiones y medidas eficientes, oportunas, pero sobre todo, sin costo económico para el civil, pues claro está que se puede optar por diversas estrategias en aras de sumarle a una movilidad viable, como es, el regular la vialidad estableciendo horarios para que se evite la circulación de determinados vehículos en las horas en que se ingresa a laborar, a las escuelas, así como los horarios de ingreso a las dependencias burocráticas. Lo anterior permitiría, un escalonamiento de entradas y salidas a los diferentes lugares de trabajo, centros de estudio y dependencias públicas, estrategias que sí han sido útiles en otros países de primer mundo.
De igual manera se hace necesario en una metrópoli como la nuestra, establecer semáforos debidamente sincronizados, elementos viales en puntos estratégicos, herramientas mediante las cuales se desahoguen los embotellamientos viales. Los anteriores son sólo ejemplos que, se podrían poner en práctica en aras de lograr un beneficio social sin atacar la autonomía del ciudadano, pues el gobierno pasa por alto que venimos transitando por una crisis no solo de des gobernabilidad, sino que, además por una severa crisis económica.
Desde mi punto de vista, lo más lamentable es que, somos una sociedad ausente ¿distraída o indiferente?, pues pareciera que no tenemos claro, dónde vivimos y por ende, la afectación económica que conllevará esta nueva imposición tributaria del gobierno en turno. Es necesario hacerle saber a la autoridad, nuestro sentir, nuestra inconformidad por su actuación tan trivial, deshonesta, pues si bien es cierto que, todos tenemos la obligación de cuidar el medio ambiente, no menos cierto es que, es al gobierno al único que le obliga la ley, sin condición alguna, a otorgarnos la seguridad pública; es decir, abatir y combatir a la delincuencia.
¿Cómo pretende el gobierno garantizarnos el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y respirar aire limpio, cuando ni siquiera tenemos segura la vida? Vamos siendo coherentes. Antes de ocuparse en temas como, el medio ambiente y la obra pública, el gobierno en turno debe garantizarnos la vida, la salud; en sí, el bienestar social, el cual se logra al satisfacer de manera conjunta, una serie de factores que responden a la calidad de vida del ser humano en sociedad.

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