JALISCO, UNA VERGÜENZA

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Este mes se cumplió un aniversario más de la creación del Poder Judicial del Estado y ciento once años del inicio de la Revolución Mexicana. Ambas son fechas históricas que, tuvieron un costo muy alto para que Jalisco lograra constituirse en un estado.

Con el paso de los años, han sido muy diversos los temas por las cuales Jalisco logra acaparar la atención nacional e internacional, algunos de ellos dignos de presumir, pero tristemente, una mayoría de esos temas conllevan que, nos sintamos avergonzados por ser estelares en temáticas tan lastimosas para nuestra sociedad.

Para quienes ostentamos la profesión de abogados, sabemos que Jalisco ha sido tierra de grandes juristas, como don Mariano Otero, don Ignacio Luis Vallarta, don Julio Acero Cruz, don León Aceves Fernández, don Carlos Hidalgo Riestra, Mariano Azuela señor, por citar sólo algunos , quienes si volvieran a nacer, seguro estoy de que, se volverían a morir, al percatarse del desastre jurídico y social en el que vivimos los jaliscienses, dada la ausente procuración de justicia, aunado a la retrógrada administración de justicia que padecemos.

Desde hace varias administraciones, la procuración y la administración de justicia se encuentra en total abandono; sin embargo, ese olvido se ha acentuado más en la presente administración. Es incuestionable la existencia de la corrupción económica que se vive al interior de todas las instituciones públicas, aunado a que, la actuación de quienes las representan y presiden, deja mucho qué desear, dado que se volvió una mala práctica que, el sentido de su proceder, está sujeto o se condiciona a la dádiva.

Tratándose del derecho penal y su procedimiento, los servidores públicos contribuyen sobremanera para que, el recorrido que deberá seguir todo justiciable, se torne un calvario, por lo que, posterior al calvario que ya padecieron a manos de la delincuencia, deben padecer la dilación en los procesos y la infinidad de obstáculos con los que se encontrará ya situado al interior de cualquiera de las agencias del ministerio público de las que se integra la Fiscalía, cuyo personal se caracteriza por obstaculizar el debido proceso, siempre en perjuicios de las víctimas u ofendidos.

Desde antes de la pandemia, ya percibíamos la necesidad de que, se establecieran mecanismos al interior de juzgados, agencias del ministerio público y otras tantas dependencias públicas, mediante los cuales, el procedimiento que reviste a todo proceso, se agote de una manera mayormente práctica y con mayor celeridad.

La pandemia vino a escena, cuando la administración y la impartición de justicia estaba ya colapsada; sin embargo, ni durante los tiempos críticos de la pandemia, ni al día de hoy, las dependencias públicas de nuestro estado, se han caracterizado por innovar, haciendo uso de las diversas tecnologías de la información y la comunicación que existen hoy en día.

Jalisco es un estado en el que, algo tan sencillo como la digitalización no se ha establecido como opción para que, tanto litigantes, como justiciables, nos alleguemos de diversa información, por lo que si de practicidad se trata, vamos por detrás de estados como Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y el Estado de México, por citar sólo algunas entidades en las que, desde hace ya tiempo, optaron por un sistema digitalizado, algunos inclusive al cien por ciento, pero aquí en nuestro estado, nos encontramos con que, hay juzgados familiares en lo que ya ni siquiera está actualizadas la libretas de acuerdo de los secretarios, juzgados en los que, tan sólo para pasar a acuerdo una promoción y redactar el acuerdo respectivo, al personal le lleva un par de meses.

Afortunadamente, aunque escasos, también hay aquellos juzgados en los que, los servidores públicos se esmeran en respetar los términos establecidos en el procedimiento, brindando un servicio público revestido de celeridad y muestra de ello es, el personal adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar, presidido por la Maestra, María Olivia Núñez González.

Las anteriores son sólo algunos ejemplos de las diversas realidades con las que nos encontramos día a día y por las que considero que, la procuración de justicia en sentido estricto, está ausente en nuestro estado, siendo responsabilidad del ejecutivo en conjunto con el poder legislativo y el judicial, hacer lo propio para que se reviertan las condiciones que, al día de hoy revisten a las dependencias encargadas de la administración y la impartición de justicia.

Es necesario que nuestros gobernantes tomen conciencia del papel tan importante que juegan en la impartición y la administración de justicia que, las dependencias públicas cuenten con los recursos suficientes en aras de que jueces y ministerios públicos, se alleguen de elementos de prueba, a través de los cuales les permita realmente administrar justicia.

Ojalá que, alguno de los colaboradores cercanos al ejecutivo, le orienten, respecto a que, previo a pretender hacer la tarea de diverso poder al que representa, cumpla con el suyo cabalmente, pues él, no es el más adecuado para calificar o descalificar a los otros dos poderes, sólo debe ocuparse en representar y ejercer decorosamente su función, la cual le fue encomendada por el pueblo.

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